Las energías renovables son el futuro de la sociedad, y en la última década se multiplicaron los programas gubernamentales para ayudar a los propietarios a dar el gran cambio mediante préstamos y financiación exclusiva para energías verdes. Incluso existen alivios fiscales para quienes cumplen con ciertas demandas mínimas de eficiencia energética y todo tipo de incentivos locales y estatales.
Programas como el PACE Program (Property Assessed Clean Energy Program) basan su atractivo y aparente conveniencia en el hecho de que no es necesario poner dinero por adelantado y la afirmación de que los ahorros en energía posteriores a la renovación bastarán para pagar la deuda contraída. Hasta hoy, el programa solamente se implementó en los estados de California, Missouri y Florida, pero la administración Biden señaló que planea extenderlo a otros estados.
¿Qué es exactamente el PACE Program?
El objetivo del PACE Program es ayudar a propietarios de menores ingresos a financiar cambios energéticos en sus propiedades. Esto puede incluir desde la instalación de nuevos aires acondicionados más eficientes hasta paneles solares y otros dispositivos que maximizan la eficiencia energética.
En la práctica, aunque se los publicita como préstamos comunes a largo plazo que unen a financistas privados, contratistas y propietarios, en realidad se trata de un tipo de préstamo particular que otorga derechos de retención sobre las propiedades a los prestamistas. Esto quiere decir que la propiedad atada al PACE Program puede ser ejecutada si los propietarios no son capaces de pagar sus deudas, de forma similar a una hipoteca.
Otra particularidad de los préstamos contraídos mediante el PACE Program es que la deuda se transfiere directamente a los impuestos a la propiedad.
Los peligros del PACE Program: buenas intenciones, falta de previsión
A diferencia de una hipoteca, este tipo de préstamos no cuentan con sistemas de protección a los consumidores. Y no existe una evaluación independiente de los riesgos que puede tener para los propietarios asumir estas deudas que ponen en peligro sus propiedades.
Además, los estados contratan empresas privadas para manejar la logística de la operación, y la gran desregulación favorece comportamientos de venta agresiva por parte de los contratistas. A los propietarios se los convence con el argumento de que ahorrarán mucho dinero en energía y que con ese dinero podrán fácilmente pagar sus deudas a través de los impuestos a la propiedad. Pero este no siempre es el caso, y algunos desafortunados propietarios vieron aumentos del 1500% en sus impuestos a la propiedad luego de firmar sus contratos.
En una carta a la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda (FHFA), la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA) y otros grupos de la industria declararon que muchos de los problemas con el financiamiento del PACE Program son el resultado de la decisión de tratarlo de forma diferente a un financiamiento hipotecario tradicional.
“Las características únicas como el tratamiento del gravamen fiscal, las pautas de elegibilidad de proyectos específicos y el reembolso a través de los impuestos a la propiedad no cambian el carácter fundamental del PACE Program. En la práctica, si no en la ley, las estructuras de financiamiento PACE son hipotecas. Y como tales, la necesidad de protección al consumidor es similar a la asociada con el financiamiento hipotecario tradicional. Ya sea a través de una subasta fiscal o una ejecución hipotecaria, el resultado de la incapacidad de pago de los propietarios de viviendas es el mismo: pierden sus casas”.
Se puede leer en la carta firmada por la MBA y otros sectores de la industria hipotecaria.
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